Por Eduardo Anguita (Miradas al sur)
06-09-2009
No es justo que el periodismo se valga de la historia para contaminar el presente. “Tirar archivos” suele ser un golpe bajo para castigar en lugar de debatir las cosas candentes de la actualidad. Pero, cuidado, porque la historia no sólo da perspectiva sino que, en muchos casos, tiene hilos conductores con el día a día. Este es el caso, porque Papel Prensa nació manchado de sangre pero, además, fue un negociado formidable que, hasta hoy, le brinda privilegios al Grupo Clarín, principal accionista de esa empresa.
La Nación, Clarín y La Razón se quedaron con Papel Prensa como un premio que la última dictadura les dio a quienes los acompañaron, con las proclamas y, sobre todo, con los silencios. Dos años de construcción de esa sociedad entre dictadores y propietarios de diarios fueron coronados de la manera más vulgar de los negociados: las empresas periodísticas pagaron ocho millones de dólares por un emprendimiento cuyo valor de mercado era de 250 millones. Tan burdo era el pacto, que La Prensa rechazó el convite del dictador Jorge Videla, excusándose en la filosofía liberal y no estatista de ese diario.
El papel de diario en el mercado argentino llega de Chile, de Finlandia o de otros destinos y cuesta más de 600 dólares la tonelada. Papel Prensa abastece a La Nación y Clarín (que luego se quedó con las acciones de La Razón), y guarda un pequeño cupo de papel para diarios “amigos”. No hay, en toda la Argentina, otras empresas papeleras dedicadas al rubro de los diarios. Algunas lo hicieron, pero de forma marginal. El privilegio de integrar verticalmente la producción no fue el fruto del ejercicio del periodismo independiente sino de una gigantesca operación política, económica y cultural que dejó sus huellas en el presente.
Una de esas huellas es la brutal autocensura de las empresas de medios para abordar esta historia que hoy resulta imprescindible para entender el comportamiento de Clarín frente al tratamiento de la ley de servicios audiovisuales, antesala de un camino de democratización de la palabra.
Marzo de 1976. José Alfredo Martínez de Hoz Cárcano asumió al frente del Ministerio de Economía nueve días después que la Junta Militar. El acto fue en el Salón Blanco de la Casa Rosada y estaba colmado de empresarios y no sólo de militares. Además de banqueros, petroleros y exportadores de carne y granos, estaban en pleno los dueños de los medios de comunicación. Su discurso pasó por cadena nacional. Su voz resultaba cansina, y los datos horrorosos: “En los últimos doce meses el crecimiento de los precios minoristas alcanzó al 566 por ciento y si en los próximos nueve meses la tasa marcha al ritmo del primer trimestre (de 1976), la espiral llegará al 788 por ciento”. El ministro sostuvo que eso produciría, entre otros males, “la proletarización de la clase media”. Para pasar “de una economía de especulación a una de producción”, el ministro anunció la liberación de precios y el aumento general de combustibles y tarifas –del orden del 30 por ciento–. Con respecto a los ingresos, “se suspenderá toda actividad de negociación salarial entre sindicalistas y empresarios, así como todo proceso de reajuste automático periódico de los salarios”. Martínez de Hoz derogó la nacionalización de los depósitos bancarios, la ley de inversiones extranjeras y el monopolio estatal de las juntas nacionales de Carnes y Granos, reemplazadas por el juego del mercado.
Y aquí un dato clave para entender el acompañamiento de la prensa escrita: el dólar tendría tres cotizaciones, la oficial a precio fijo, otra fluctuante accesible al público en casas de cambio y una tercera para operaciones de comercio exterior. En este último renglón, dejó dos productos –sólo dos– con dólar subsidiado: la importación de combustibles y la de papel prensa. El primer caso era para favorecer a las petroleras extranjeras en detrimento de YPF y el segundo para granjearse la simpatía de quienes tenían por delante la enorme labor de no hablar de los grupos de tareas que, por esos días, colmaban los campos clandestinos de detención con personas que luego serían tiradas al mar o enterradas clandestinamente.
Los empresarios de medios departieron amablemente con el general José Rogelio Villarreal, secretario de Prensa y Difusión, esa noche. Al día siguiente, sábado 3 de abril, el editorial de Clarín decía: “Aplicar esta política no conduce a perder la capacidad de decisión nacional, la que debe ubicarse en el suelo argentino, indeclinablemente, respondiendo a la voluntad y aptitud del Estado. Podría más bien inferirse que retardar el ritmo del desarrollo es lo que coloca a los pueblos en el riesgo de perder, entonces sí, su soberanía efectiva. Para robustecerla y afirmarla es necesario tener en claro cuáles son las prioridades a las que se debe atender y a qué ritmo hay que desenvolverlas. Para cumplir ese cometido la Argentina se ha puesto de nuevo en marcha, según lo muestran los acontecimientos”.
Salvo la revista Cuestionario, nadie se atrevió a reproducir la circular que la Secretaría de Prensa y Difusión de la Junta Militar mandó a todos los medios de comunicación para reglamentar el manejo de la información. Contenía 16 tópicos. “Inducir a la restitución de los valores fundamentales que hacen a la integridad de la sociedad: orden, laboriosidad, jerarquía, responsabilidad, idoneidad, honestidad, dentro del contexto de la moral cristiana. Propender a la atenuación y progresiva erradicación de los estímulos fundados en la sexualidad y en la violencia delictiva. Sostener una acción permanente y definitiva contra el vicio en todas sus manifestaciones”. Advertía: “Se reitera la absoluta prohibición de efectuar propaganda subliminal en todas sus formas”. No decía por escrito lo que los agentes del temible general José Rogelio Villarreal, a cargo de Prensa y Difusión, ordenaban en privado: nada de hablar de los desaparecidos. Esa es cuestión de Estado y no de tratamiento periodístico. El director de Cuestionario, Rodolfo Terragno, tomó una valiente decisión: publicó completa la circular, ya que consideró que era importante que sus lectores supieran los reglamentos para la prensa. Poco después, debió ir a Caracas para salvar su vida.
Papel Prensa
El general Villarreal, nacido en Santiago del Estero, había estado al frente de la Quinta Brigada con asiento en Tucumán, donde se desarrollaba el Operativo Independencia destinado a acallar cualquier resistencia civil, desde la guerrilla rural hasta la protesta docente, pasando por la liquidación de la histórica lucha de los cañeros tucumanos. Puntal del apoyo a los militares era el diario La Gaceta, donde se desempeñaba el joven periodista Joaquín Morales Solá, que ya era un ferviente defensor de liquidar cualquier vestigio de desobediencia civil y de todas las formas criminales con las que los militares actuaban. Fue Villarreal quien sugirió la incorporación de Morales Solá al equipo de selectos redactores de la sección Política de Clarín que firmaban “los logros del Proceso de Reorganización Nacional”.
Los vínculos entre las empresas periodísticas y los encargados de la prensa de la dictadura tuvieron muy distintas aristas. Fue en ese tiempo que la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, adoptó dos hijos, presuntamente apropiados por el terrorismo de Estado. Fue y es un caso paradigmático, que muestra las dificultades de la Justicia argentina para esclarecer aquellos casos que involucran a los poderosos. Pocos meses después de la adopción de estos niños, la viuda de Noble firmó la compra –junto a los presidentes de los directorios de La Nación, La Razón y el Estado a cargo de la Junta Militar de Papel Prensa S.A.. Fue un 17 de enero de 1977 y fue posible por una historia que todavía no tiene quien la pueda contar enteramente.
Portada del 28 de septiembre de 1978. Ernestina Herrera de Noble junto al dictador Jorge Rafael Videla. “Videla inauguró la planta de Papel Prensa”. La bajada de tapa expresa perfectamente la independencia periodística de Clarín en tiempos de dictadura: “El teniente general (RE) Jorge Rafael Videla dejó inaugurada ayer la planta nacional de papel para diarios en una ceremonia efectuada en San Pedro. El Presidente destacó la trascendencia que este hecho tiene para el país y subrayó la necesidad de ejercer la libertad de prensa con responsabilidad. Esta edición de Clarín está impresa en papel elaborado en la flamante fábrica”
Papel Prensa había sido una iniciativa de otro dictador, Juan Carlos Onganía, quien en 1969, convocó a un centenar de empresarios de diarios y les ofreció hacer la planta productora de papel, un insumo crítico en esta industria que, hasta entonces, era importado. Onganía, con veleidades desmedidas, llamaba personalmente, por ejemplo, a Héctor Ricardo García, director de Crónica, para decirle “¡Ni se le ocurra volver a hacer una tapa como ésa. Le voy a mandar la infantería!”. Su propuesta fue, según recuerdan sus interlocutores de la época: “Yo les doy el papel a precio argentino y ustedes no rompen más las pelotas”. Pero Onganía no duró mucho más. Así, las acciones de Papel Prensa tuvieron un derrotero inusual y quedaron en manos de un empresario tan atrevido como imprevisible, David Graiver, quien podía negociar con banqueros neoyorquinos un día y al otro lavar plata de Montoneros. Nada muy distinto del negocio de los otros financistas. Graiver tenía pedido de captura por su vinculación económica con Montoneros y la dictadura tuvo la oportunidad de terminar de un plumazo con el affaire Papel Prensa cuando, en agosto de 1976, el avión en el que viajaba, en México, explotó en el aire. Si fue cierto o no, si Graiver cambió su identidad o si fue asesinado, es parte de una investigación que excede estas líneas. Lo cierto es que a los esbirros de la dictadura le costó muy poco esfuerzo que sus herederos se desvincularan de las acciones que, como botín de guerra, terminaron en manos de Clarín, La Nación y La Razón.
Una fábula
Para tranquilidad de todos quienes quieran visitar la página web de Papel Prensa, podrán encontrar una historia mucho más tranquilizadora que ésta. Es, claro, una historia oficial, llena de tesón y esperanza, cuyos dos primeros párrafos son un indicador de cómo el supuesto periodismo independiente trata la verdad, ese bien tan preciado para este oficio.
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